Papeles – En que va el tema de La Sagrada Familia?

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Apertura de cargos a funcionarias de la Alcaldía por faltas gravísimas, extra limitación de funciones, violación de derechos adquiridos, al proyecto de la Sagrada Familia en Cali.

“La Personería Municipal de Santiago de Cali, realizó una investigación rigurosa, que se complementó con mesas de concertación entre los funcionarios de la alcaldía y los constructores de La Sagrada Familia, en la cual se evidenció la inexistencia de argumentos legales y normativos por parte de los funcionarios públicos, los cuales han actuado de manera totalmente arbitraria en contra del proyecto, incurriendo en faltas gravísimas como la de violar el debido proceso y la legislación actual, desconociendo los derechos adquiridos, los avales y aprobaciones previas, expedidas por el mismo Municipio de Cali al proyecto.

Como resultado el ente de control decide imputar cargos contra las funcionarias María de las Mercedes Romero ex – directora de Planeación y la secretaria de cultura Luz Adriana Betancur con cuatro cargos por faltas consideradas como “gravísimas”, producto de sus actuaciones indebidas frente al desarrollo del proyecto, las cuales no solo han trasgrediendo la conducta publica, su moralidad, sino que por más de un año han afectado injusta e indolentemente a los constructores, los inversionistas, los trabajadores, el barrio el Peñón y la ciudad.

Son tan evidentes las violaciones que este ente de control decide adelantar un proceso de tipo verbal, situación que se da cuando las pruebas son contundentes y su objetivo es parar con los daños que se siguen causando.

Igualmente en otro proceso se aperturó investigación disciplinaria en contra de la Subsecretaria de Ordenamiento Urbanístico Helena Londoño  e igualmente contra  la ex directora de Planeación María de las Mercedes Romero  por la suspensión ilegal de las obras del proyecto; y se acepto la recusación del Doctor Samir Jalil como consecuencia del actuar irregular en el procedimientos que han ejecutado en contra del proyecto.

Por el desconcertante desconocimiento que mostraron los funcionarios frente a la normatividad, la conducta publica y los procesos administrativos; sumado a la indefensable postura que ejercieron para bloquear la expedición de los nuevos permisos que ya estaban avalados,  las medidas arbitrarias y el uso desmedido de su fuerza mediática,  se evidencia que el interés de los funcionarios nunca fue el de proteger el patrimonio o el control físico de la ciudad como quisieron vendérselo a los medios de comunicación, sino el de generar una presión indebida a los promotores del proyecto.”

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Artículo publicado por el equipo editorial de Primera Plana

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